Standard & Poor’s (S&P), que ha calificado la deuda pública de Chile de estable a negativa, es una mala noticia en un momento en que el país está subdesarrollado, el desempleo está aumentando y las condiciones fiscales se están deteriorando.
El ministro Marcel ha sugerido que la aprobación del acuerdo financiero sería la solución a las deficiencias identificadas por S&P. Sin embargo, los problemas políticos y económicos que enfrenta nuestro país son mucho más profundos y complejos. Con autocrítica al gobierno le convendría dar marcha atrás.
«La gestión económica y política del gobierno es igualmente equilibrada, razón por la cual Standard & Poor’s cambió la perspectiva crediticia a negativa. No nos confundamos.»
La fragmentación política nos impide avanzar en las reformas que necesitamos. Por ejemplo, nos ha resultado imposible llegar a un acuerdo sobre la reforma de las pensiones o tener un sistema fiscal más moderno y eficiente. Pero los problemas económicos no sólo están relacionados con esto, sino que es mucho menos probable que se resuelvan con la aprobación de un acuerdo financiero.
Desde finales de 2019, Chile se encuentra en medio de una inusual incertidumbre económica, como medimos mensualmente en Clapes UC, donde los debates constitucionales y tributarios, las decisiones gubernamentales y los factores políticos en general juegan un papel importante. Esta incertidumbre tiene un impacto negativo en la inversión y el crecimiento económico, como hemos documentado en diferentes estudios.
Se espera que los proyectos de ley enviados al Congreso sean textos consensuados, moderados, respaldados técnicamente y no repetidos. Pero resultó que no fue así. La reforma fiscal ha sido rechazada, la reforma de las pensiones no ha avanzado y los ancianos y los más vulnerables están sufriendo las consecuencias de estas malas decisiones.
En los últimos años hemos estado debatiendo una nueva constitución y el gobierno apoyó firmemente una propuesta previamente rechazada que, de ser aprobada, sin duda habría provocado una nueva caída en nuestra clasificación.
El crecimiento económico no fue un idioma oficial hasta hace poco. El acuerdo fiscal, resultado de la presión de muchos, vinculará el crecimiento y el poder adquisitivo como fuentes de financiamiento para un mayor gasto público alentado por el gobierno, pero el área tributaria sigue abierta y seguirá siendo un foco de incertidumbre durante toda esta administración. relacionado con
En el aspecto fiscal, entre el segundo y tercer trimestre del año, el gasto público aumentó mil millones de dólares y el presupuesto para 2024 está lejos de ser austero. El gasto fiscal crecerá dos veces más rápido que la economía y el ejecutivo pedirá prestado hasta 21 mil millones de dólares adicionales. Con una mala clasificación del riesgo, los costos de endeudamiento aumentan y reducen el espacio para financiar la política social.
El estancamiento político y económico, el colapso financiero y la falta de claridad en temas como la constitución y el sistema tributario están generando preocupaciones entre las agencias calificadoras y los inversionistas internacionales. Esto no significa aprobar cualquier reforma que proponga el ejecutivo, sino estar dispuestos a avanzar cambios que sean buenos para el país, el crecimiento, el empleo, mejorando la calidad de vida de las personas y que nos permitan salir adelante. Desarrollo.
La Constitución podría aprobarse en diciembre, pero no está claro que así sea. El debate fiscal está abierto y estamos comprometidos con la reforma de las pensiones. En este caso, es necesario solicitar un cambio de rumbo. La gobernanza económica y política del gobierno está igualmente equilibrada y es por eso que S&P cambió su perspectiva sobre la deuda. No nos confundamos.
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