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Médicos estarán en riesgo, mientras municipios no se acerquen con ciudadanos

A decir de la diputada, Gabriela Ceballos Hernández, la única manera de frenar los ataques contra médicos, será a través del diálogo permanente con la ciudadanía y la información.

América Juárez Navarro

Morelia, Mich., En Paracho no sólo existe un médico que podría ser objeto de agresiones, sino otro tanto en el país y el estado, que derivaría en una situación de discriminación y poner en riesgo su integridad si el municipio no pone atención, refirió la diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Adriana Gabriela Ceballos Hernández.
La legisladora al hablar sobre la agresión perpetrada contra un médico y su familia que tuvieron que huir de este municipio, destacó que el propio municipio debe tener un diálogo abierto con los propios ciudadanos, pero más allá de que se encargue de los temas administrativos, el tema del diálogo es importante, porque la desinformación ha generado esta serie de actitudes en la población no solo de Paracho, sino del país.
Expresó su preocupación, porque existen más médicos que se puedan encontrar en riesgo, por lo que sostuvo se deben generar condiciones de certidumbre para las ciudadanía, que exista certeza, en que parte entra el médico, hasta donde puede ser responsable, para la ciudadanía.
“Esa lejanía con los médicos es delicada, cuando desde siempre han sido respetados por los pueblos, porque ayudan a las personas que los necesitan, la mayoría los hace, pero desafortunadamente existen condiciones de salud, tan desgastante, no se puede evitar que ante falta de certeza los ciudadanos actúen de maneras que no esperamos”, dijo la legisladora.
La diputada recordó que en Michoacán se agravó la pena contra contra las personas que cometan agresiones en contra de personal de salud, el pasado 14 de mayo fue publicada la reforma al Código Penal que establece que quien ataque o discrimine a personal de salud recibirá penas que podrían alcanzar hasta los seis años.
El dictamen elaborado por la comisión de Justicia del Congreso del Estado a propuesta del diputado del PRI; Eduardo Orihuela y del Verde Ecologista Ernesto Núñez Aguilar. La reforma el delito de discriminación contempla una pena de seis meses a tres años de prisión o de cincuenta a doscientas días multa y de cien a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad, pero ahora será grave cuando se cometa contra personal de salud.
“A quien, durante una emergencia sanitaria, cometa cualquiera de las conductas a que se refiere el artículo anterior en contra de un médico, cirujano, parámedico, enfermero, camillero o cualquier otro profesional de la salud y/o trabajador del sector salud, público o privado, se le aumentará la pena prevista en el artículo anterior hasta en tres años más de prisión o multa de cien a ciento cincuenta días multa”, señala la ley aprobada.

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