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La Estafa Maestra, aún con efectos pendientes en la UM


Raúl López Téllez
La Universidad Michoacana se mantiene dentro de las 21 instituciones de educación superior involucradas en la llamada “estafa maestra”, tema que se encuentra dentro de las indagatorias hacia Rosario Robles en el actual proceso que le sigue la Fiscalía General de la República.
Este 15 de agosto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), fijó una postura sobre el tema, y que ya mereció una observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) meses atrás a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que no ha sido desvanecida hasta la fecha por la casa de estudios, donde el quebranto llegaría a los 11 millones de pesos, de acuerdo a la versión del rector Raúl Cárdenas Navarro.
En marzo del presente año, la Casa de Hidalgo recibió las observaciones de la ASF al igual que de su homóloga estatal, por recursos no justificados en la auditoria del año 2017 y que alcanzan los 258.2 millones de pesos. En el caso de la federación, solicitó a la UM rindiera un informe sobre la “estafa maestra”, descubierta a través de una investigación periodística realizada en el año 2017, que de acuerdo con Cárdenas Navarro, se trató de un convenio a través de la Comisión Nacional del Agua en el año 2015 “y que fue reportado por la ASF y que nosotros estamos estudiando en colaboración con la Auditoría ya través de la Contraloría de la Universidad”.
Cuestionado sobre el tema el pasado 30 de julio, cuando la FGR inició el procedimiento contra Rosario Robles sobre el presunto ejercicio indebido de la función pública en el sexenio de Enrique Pela Nieto y que involucra la desviación de recursos millonarios desde dependencias federales hacia empresas y universidades, el rector nicolaita aceptó que de la investigación podría surgir responsabilidades para quienes participaron en el ámbito local.
En el posicionamiento de la ANUIES, a través de Jaime Valls Esponda, se debe castigar a los responsables y no a las instituciones, al confirmar que el 19 de julio la ASF presentó incluso demandas penales y querellas en contra de algunas de las 21 universidades. En el caso de las observaciones, éstas alcanzan a la Universidad Michoacana al igual que a la Universidad Tecnológica de Salamanca, en Guanajuato, aunque no se descarta que la FGR pudiera abrir carpetas de investigación derivadas del proceso a la ex funcionaria federal.
La triangulación de los recursos hacia las instituciones educativas, se dieron a través de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dirigidas por Robles, a través de empresas ilegales y se calcula un desvío en estas operaciones en total por más de 5 mil millones de pesos.

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