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Víctimas tendrán traductores, informa Torres Piña

  • Cuando no comprendan el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual, remarca

Redacción

Morelia; Michoacán, 25 de marzo de 2021.– Con la reforma aprobada a la Ley General de Víctimas, por  parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se estableció el derecho las víctimas de contar con un intérprete o traductor lingüístico cuando ésta no comprenda el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual, el cual deberá ser nombrado por la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas desde su ingreso al registro, manifestó Carlos Torres Piña, Diputado Federal.

Asimismo ordena que las entidades federativas, además de contar con asesores jurídicos de atención a víctimas adscritos a su respectiva Unidad de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, también contarán con intérpretes o traductores lingüísticos.

En México poco más de 15 millones de personas indígenas enfrentan diariamente prejuicios y conductas discriminatorias que vulneran sus derechos humanos por diversos motivos, uno de ellos es la lengua indígena. Las cifras del INEGI, en el año 2019, indican que se cometieron un total de 1,203 homicidios de personas que hablaban una lengua indígena.

Las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes sufren frecuentemente de discriminación estructural y son revictimizadas en el ejercicio de sus derechos fundamentales, como el acceso a la justicia.

La falta de traductores e intérpretes ocasiona que las mujeres indígenas sean aún más vulnerables a la violencia institucional, puesto que las obligan declarar en español, las culpabilizan de la violencia y les niegan los servicios de justicia.

Al menos 25 de cada 100 personas con discapacidad han sufrido discriminación al menos una vez al año,  lo que repercute también en su acceso a la justicia al encontrarse en una situación de desventaja.

Con esta reforma se da cumplimiento a los diversos Instrumentos Internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y contribuye a la erradicación de la discriminación y a la construcción de un México más inclusivo y justo.

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