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Gobernadores, intocables por la Contraloría

América Juárez Navarro

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem) difícilmente podrá llegar a sancionar a un Gobernador, señaló su titular Francisco Huergo Marín, al reconocer qué ningún mandatario Estatal firma ejecución de algún pago, por lo que es inviable prácticamente lograr una sanción contra quien esté al frente de la Administración pública estatal.

Si bien expuso que actualmente se siguen varios procedimientos administrativos que llegaron a la vía penal —en total nueve contra funcionarios de la administración es 2013, 2014 y 2015— ha sido prácticamente imposible llegar a sancionar a los gobernadores.

«Ningún Gobernador firma ejecución de pago, y podrás darle seguimiento a un Gobernador por el tema de empresas de adjudicaciones, por el tema de la ejecución del presupuesto, pero nunca porque quienes firman, suele ser el Secretario de Finanzas y se responsabiliza, es muy difícil cuando dicen desde el ángulo de la justicia administrativa que es la que le compete a la Contraloría, no podemos tener esos alcanzas, olvídense que llegamos a los Gobernadores», dijo.

Asimismo refirió que hasta el momento se tienen abiertos varios procedimientos contra el ex secretario de finanzas de los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, Humberto Suárez, así como América Aguilar en materia penal, de igual manera se tiene un procedimiento abierto contra Miguel Miranda quien tiene que resarcir 571 millones de pesos al erario público y en donde no hay vuelta de hoja pues es una sentencia en firme.

«Sí hemos actuado en los últimos dos años, estamos con Humberto Suárez está en lo penal y administrativa y América Aguilar en la parte penal en la Fiscalía, pero en la parte administrativa nosotros hemos actuado con cerca de 900 millones de pesos resarcitorios firmes, que ya pasaron en dónde han pasado varias etapas», comentó.

Indicó que a Miguel Miranda se notificó a la Secretaría de Finanzas el cobro y la recuperación del recurso son 571 millones de pesos, además de venir actuando en la actual administración contra 156 servidores públicos, con 400 procedimientos y deben solventar las observaciones, sino se ejecutarán acciones contra los responsables, ya que afirmó no va a dejar carpetas abiertas.

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