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Por JDC, TEEM podría reponer votación sobre deuda de Silvano

Oscar Guerrero

Morelia, Michoacán.- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) le dio entrada a un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC), emanado de la bancada de Morena, cuyo contenido está encaminado a reponer la sesión que el Congreso local celebró el pasado 19 de noviembre para replantear la nueva deuda de 4 mil 90 millones de pesos que contrató el gobernador Silvano Aureoles Conejo, así a como buscar que tres integrantes de la Mesa Directiva no tengan participación en las elecciones de 2021.

El recurso, ya admitido como asunto de urgente resolución por el TEEM, fue presentado por la diputada morenista, Zenaida Salvador Brígido, quien desde el pasado 26 de noviembre, bajo el respaldo del cuerpo jurídico del grupo parlamentario de Morena, presentó un JDC fundamentado en violaciones a los derechos político-electorales de quienes se opusieron a que se le diera luz verde al nuevo endeudamiento del Ejecutivo estatal.

“Le reclamo la violación al ejercicio de mi derecho político-electoral de expresar mis puntos de vista en la sesión extraordinaria virtual de fecha 19 de noviembre de 2020, mismo que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y la Ley Orgánica y de procedimientos del congreso del estado de Michoacán de Ocampo, con motivo de mi encargo como Diputada Local electa por el voto popular, además de la violencia política en razón de género por la censura y actos de discriminación”, reza parte del JDC que la legisladora presentó ante el TEEM.

En su contenido también solicita sanciones en contra de los diputados que integraron la Mesa Directiva durante la sesión previamente referida, siendo el caso del diputado presidente, Octavio Ocampo Córdova; de la diputada Brenda Fraga Gutiérrez, así como del tercer secretario, Arturo Hernández Vázquez, quienes, dirigiendo órdenes aprobadas por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, evitaron que los integrantes de la bancada de Morena emitieran su postura en contra del endeudamiento que sigue en litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Un punto a destacar es que las sanciones solicitadas sobre los diputados antes citados, fueron justificadas por presunta violencia política en razón de género, de manera que si el recurso de Morena causa mayor eco en el Tribunal Electoral, los involucrados no podrían participar en las siguientes elecciones, si es que tenían intenciones de ello.

A través del JDC, la legisladora morenista denunció que, previo a la sesión extraordinaria del pasado 19 de noviembre, no se notificó el motivo por el cual se estaban reuniendo los legisladores, con 24 horas de anticipación, tal y como lo establece la Ley Orgánica del Congreso del Estado, situación que incluso fue evidenciada ese mismo día por parte de la diputada Cristina Portillo Ayala, quien lanzó una serie de reclamos a la Mesa Directiva, así como a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por no haber sido informada con base a lo que dicta la normativa del Poder Legislativo, aun cuando ocupa la presidencia de este último órgano rector.

En consecuencia, el pasado 2 de diciembre del presente año el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán admitió como asunto de urgente resolución el JDC presentado por la diputada emanada de Morena, con el número de expediente TEEM-JDC-068/2020.

De conseguir la anuencia del tribunal, el grupo parlamentario de Morena mantendría paso firme en su búsqueda de cancelar el nuevo endeudamiento de 4 mil 90 millones de pesos que Silvano Aureoles solicitó en dos ocasiones al Congreso, del cual, de acuerdo con el secretario de Finanzas y Administración del Estado, ya se han gastado 2 mil 45 millones de pesos.

Aunado a dicho escenario, si se llegase a comprobar que existió violencia política en razón de género, presuntamente ejercida por los diputados Octavio Ocampo y Arturo Hernández, así como por la diputada Brenda Fraga, éstos quedarían sin ninguna posibilidad de buscar un nuevo cargo de elección popular en la jornada comicial del año entrante.

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