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Prescribe investigación por sobornos de Odebrecht; gobiernos estatales fueron omisos, no presentaron denuncias

Héctor Tapia

La investigación por posible enriquecimiento ilícito respecto al caso Odebrecht prescribió, esto porque no el Ejecutivo del Estado no interpuso las denuncias correspondientes a tiempo.

Por el tipo de delito, este prescribió 8 años después de cometidos los presuntos delitos relacionados con los sobornos que otorgó la empresa brasileña en varios años, desde el 2008 al 2011, a ex funcionarios estatales.

Es decir, la inactividad gubernamental para interponer la denuncia correspondiente alcanzó a los gobiernos de Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo e incluso la administración actual de Silvano Aureoles Conejo.

Esto lo refirieron los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes fueron notificados por parte de la Fiscalía que el delito de enriquecimiento ilícito por el cual presentaron denuncia a finales del año pasado había prescrito, y que además no podían acreditarse como víctimas y por tanto no podían establecer denuncia penal para iniciar la investigación.

Al respecto, Elvia Higuera Pérez, presidenta del organismo ciudadano, explicó que la denuncia que interpusieron como organismo fue por el delito de enriquecimiento ilícito contra los ex funcionarios que recibieron los sobornos de parte de la empresa constructora que edificó la Presa Francisco J. Múgica, en la zona de Tierra Caliente, la cual ha sido objeto de múltiples señalamientos.

En este sentido, Elvia Higuera explicó que se buscarán algunas vías alternas y “ver si cabe la posibilidad de un amparo”, sin embargo, reconoció, en lo que respecta al delito denunciado a finales de año, ese ya prescribió la posibilidad de actuar.

La integrante del CPC, Rosmi Bonilla, dijo que se tardó un año en integrar la carpeta a partir de conseguir las pruebas que fueron evidenciadas a partir de investigaciones internacionales que fueron ventiladas.

La presidenta del CPC dijo que “si bien no está establecido quién puede configurarse como víctima en casos de corrupción, cabe la posibilidad de que todos podamos ser victimas de un hecho de corrupción, porque vienen a lesionar algún derecho humano”.

Explicó que “el criterio a nivel nacional es que integra por oficio (las investigaciones por corrupción), no están esperando a que alguien presente la denuncia; y aquí esa parte ha sido compleja con la Fiscalía, porque se ha establecido que sean las víctimas las que establezcan las denuncias”.

Ante esta situación, remarcó, “quien tuvo que presentar en su momento las denuncias, era el gobierno del estado de Michoacán, no lo hizo, lo hicimos nosotros en el 2019, cuando tardamos un año en presentarla, la fiscalía determinó que no somos competentes para presentar la denuncia, pero la consejería tampoco se pronunció”.

Cabe recordar que de acuerdo a las investigaciones internacionales ligadas a los sobornos hechos por la empresa Odebrecht, que ha llevado a procesos judiciales a ex funcionarios de varias naciones, alcanzó a ex funcionarios michoacanos, por el proceso de construcción de la referida presa.

En esas investigaciones se reveló que se hicieron varios depósitos, en dólares, en una cuenta de banco en Andorra, para dichos ex funcionarios. Los hechos expuestos alcanzan a varios años, que van desde el 2008 al 2011, a partir de éste último año es que comienza a correr o contar el término de la prescripción, que se alcanzó en el 2019.

Elvia Higuera dijo que el acuerdo de no procedencia a la denuncia presentada que se les notificó, se les hizo llegar el jueves de la semana pasada, por considerarse que el CPC “no es la víctima directa que resulta afectada por el hecho de corrupción establecido en la denuncia”, con lo que se manifestó no estar de acuerdo.

“Considero que el bien jurídico a tutelar es el erario y que a todos nos perjudica; la Fiscalía considera que el CPC no es el ente adecuado que debió presentar la denuncia”, indicó.

Concluyó diciendo que “esta resolución nos llevará a replantear posteriores denuncias, porque parece que hay un interés general, que es cuando se atenta contra el erario público, finalmente lo que deberíamos salvaguardar es entender esto como un bien jurídico”, y en ese sentido enfatizó que el Comité de Participación Ciudadana hizo lo que consideró adecuado.

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