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OPINIÓN / Nada por encima de la democracia

Por Oscar Carbajal Pérez

Cerca de 10 meses tuvieron que pasar para que uno de los juicios más relevantes de los últimos años, se resolviera. La famosa “Ley Bonilla” y la toma de decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se convirtió en un encuentro duro, con argumentos y con emoción al presenciar, tal cual si se estuviera viendo un clásico del box a lo Morales contra Barrera.

La democracia ha sido uno de los valores que se buscan preservar a través de los años, dándole su lugar a cada una de las diferentes ideas sociales y políticas, para formar un estado que pueda desarrollarse tomando en cuenta a todas las personas. Desde 1917, que se estableció la democracia de manera sólida y clara en México, siempre la voluntad de la ciudadanía, es la que ha guiado el rumbo del país, entre claros y obscuros, pero lo ha guiado.

A ello, ¿Por qué es tan importante este juicio y sus implicaciones? La respuesta la encontramos en el respeto a la constitución y al voto, el respeto a cada ciudadano que participa en las elecciones y refleja su confianza hacia algún candidato o proyecto político, además de saber qué contamos aún, con instituciones sólidas.

El declarar inválida la “Ley Bonilla”, era darle un respiro al sistema electoral que tenemos y hacer que se recobrara la fe en la humanidad, ante una sociedad que difícilmente participa en las elecciones. No es mentira el ver qué cada proceso que pasa, se incrementa el reto para conseguir votos, la legitimidad desde las urnas se vuelve complicada de obtener y los mecanismos para conseguirla después de la elección, son mal vistos por un sector resentido con el sistema político, ¿Gobernar para legitimar o gobernar legitimado?

Hacerle ver a la ciudadanía que, las normas electorales son claras y que existen órganos administrativos y judiciales que defienden los derechos políticos o sancionan el mal actuar ante las leyes, es el mensaje claro de que nadie está por encima del orden democrático en cualquiera de sus modalidades. Como lo vimos hace unas semanas cuando el INE sancionó al Presidente López, por hacer uso de promoción personalizada; caso similar a la sanción de Calderon durante la epidemia de la influenza, Peña con “Mover a México” o el propio Instituto Electoral de Michoacán contra el gobernador interino, Salvador Jara en 2014.

Si bien, estamos en la antesala de “la elección más grande de la historia”, la resolución del pasado 11 de mayo, estableció un respeto máximo al artículo 35 de la Constitución General, el derecho a votar y ser votado, determinando que tienen reglas y vigilantes que se encargan de hacerlo cumplir. Ni con consultas mal planteadas, ni con arrebatos legislativos se deben efectuar fraudes a la ley, la voluntad de cada elector, se debe respetar.

Saber en qué juego entraremos y con las reglas muy claras, son lo que nos lleva a mantener un estado de derecho democrático. Dejar lugar a interpretaciones y presiones sociales, provoca que se distorsione un sistema que, desde 1990, ha tratado de mantenerse vigente ante las críticas y travesías que se han presentado, entregando resultados como 3 cambios de partido en el poder en los últimos 20 años.

La democracia vive, por medio de las acciones que salen de los órganos autónomos electorales o el mismo Tribunal Electoral, como también por la Corte. No veo a estos como “la oposición” ante el gobierno actual, pero si lo podría ver de alguna forma, como el llamado por algunos académicos, “cuarto poder” del Estado.

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