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OPINIÓN / Emergencia política

Por: Humberto Urquiza Martínez

Con el paso de los días, estamos viendo como una contingencia sanitaria mundial, afecta el funcionamiento económico de la sociedad, lo que seguramente nos depara en un nuevo modelo comercial.

Los efectos de la pandemia no solamente tendrán un reflejo en la perspectiva económica y social, si no también en la vida política del país. Con la cercanía del proceso electoral, en donde muchas actividades se llevan a cabo a partir del contacto personal, es necesario ajustar las normas y protocolos para poder sacar adelante los procesos comiciales y garantizar los derechos políticos sin afectar los derechos de salud. Hoy la informática y la virtualidad se convierten en herramientas imprescindibles para los procesos electorales y la garantía de los derechos.

Sin embargo, la contingencia en materia de salud se está convirtiendo en la razón por las que diversas instituciones en materia electoral, están tomando decisiones que derivarán en una muy posible emergencia política, en un contexto en donde las instituciones y los políticos están dejando mucho que desear frente a la emergencia, lo que tendrá un impacto en la vida política del país y en particular en las elecciones.

La cancelación de elecciones en los Estados de Hidalgo y Coahuila por parte del INE, tendrá una derivación que puede influir directamente en la calidad endeble de la democracia mexicana, ello en virtud, de la secuela producto de la violación a la Constitución y falta de legitimidad democrática de las autoridades municipales y estatales de aquellos Estados. La propia Constitución nos da elementos para entender las razones de las consecuencias negativas que tendrá la decisión del órgano electoral nacional. Recordando que el artículo 29 señala que, ni en momentos de emergencia se pueden suspender los derechos políticos, la razón de ello versa en la importancia de esos derechos frente a modelos democráticos en los que la renovación del poder, es parte esencial de la vida política e institucional, y que en caso de no garantizarlo, seguramente el efecto de no renovar periódicamente conforme al marco jurídico tendrá un resultado contrario a la construcción de una cultura política, tanto en la sociedad como en la clase política. Ello sin olvidar, que las autoridades electas son las que realizan las acciones frente a fenómenos como la epidemia del COVID-19 y que necesitan no sólo de la legalidad en su actuación, sino de una legitimidad electoral, primer paso para una democracia.

Otra razón para medir las implicaciones de la cancelación de las elecciones, es el cumplimiento del principio de renovación periódica, regla establecida en el artículo 41 constitucional, y que se traduce, en la obligación de cambio de las autoridades (en los tiempos establecidos en la Constitución), aún en condiciones como las que hoy vivimos. Ello tiene como objeto, evitar la permanencia en el poder o más aún, no generar incertidumbre de saber quién gobernará y por cuánto tiempo.

Con la suspensión de elecciones, la integración de los Ayuntamientos en Hidalgo estará en manos del Congreso, quienes nombrarán para un periodo transitorio, a un órgano que gobierne en cada Municipio, lo que hace que la democracia directa a través del voto, se diluya y se traslade a un acuerdo político de partidos. En el caso de Coahuila, la designación de los integrantes del Congreso tendrá un problema, ya que sus integrantes no pueden mantenerse en el cargo, y al no existir mecanismos para el nombramiento de diputados locales sustitutos, el impacto será tanto en la función como validez de la actuación del Congreso Local.

Por desgracia, los frutos de una emergencia política no se quedan, solamente, con la decisión de suspender elecciones (como un precedente), así como en sus efectos en los derechos políticos y régimen democrático, ya que otro elemento que sobresale en la crisis política, es la inactividad que en el 90% de la clase política ha expuesto con la pandemia y que han exhibido el nivel que tiene la cultura política en los gobernantes que, invariablemente, tendrá un corolario en el proceso electoral que se avecina, en el cual, seguramente la sociedad fijará una postura clara frente a la corta visión de la autoridad electoral y de los gobernantes. Claro, mientras no se suspendan las elecciones.  

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