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Sin reglas claras la operación de programas del gobierno estatal para atender contingencia sanitaria: CPC del SEA

Héctor Tapia

Si bien en momentos de crisis, como la que se enfrenta actualmente por el coronavirus, hay una necesidad de destinar recursos de manera rápida para atender la emergencia, esto no debe ser pretexto para que haya un sobreendeudamiento y malos manejos de los recursos, por ello el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se sumó a la exigencia de que los programas de apoyo estatales se realicen con transparencia.

En este contexto, refirieron que la mayoría de los planes y programas del gobierno estatal no cuentan con reglas claras de operación.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a través de un pronunciamiento, remarcaron que si bien la emergencia sanitaria demanda una respuesta inmediata esta se tiene que dar con la existencia de mecanismos transparentes, para que los ciudadanos conozcan la forma del manejo, aplicación y destino de los recursos económicos que se están utilizando para atender la contingencia.

Refirieron que  el Comité de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán se suma a esta exigencia de la ciudadanía, “por un adecuado uso y ejercicio de los recursos que serán ejecutados en el marco de la contingencia”.

En un primer momento reconocen como un acierto de las autoridades los planes, programas y acciones de apoyo extraordinario, dirigidos a los sectores más vulnerables de la población; sin embargo, destacan, “también estamos convencidos y convencidas de que un adecuado, eficaz, transparente y oportuno manejo y distribución de los recursos económicos y materiales permitirán que los estragos derivados de la contingencia sean en una menor afectación”. 

En el posicionamiento refieren que “en tiempos de crisis o emergencias se justifica que los gobiernos en todos sus ámbitos deseen obtener recursos económicos y materiales, mediante mecanismos rápidos e inmediatos que pueden ser endeudamientos cuyos montos, temporalidad y garantías de pago no son públicas ni se transparentan. Si bien es una obligación de los Estados dar respuesta de manera eficaz, eficiente y oportuna a las diversas necesidades que presenta la población, la celeridad en la obtención de recursos y la aplicación de los mismos no debe realizarse sin la observancia de medidas de control, fiscalización, reglas de operación, y de ser posible, acompañamiento de la población, a través de las contralorías ciudadanas que hoy son una forma de participación ciudadana”.

Destacan que “si bien estos apoyos extraordinarios tienen un fin social y apuntan, en su totalidad a organizaciones, familias y sectores que mas lo necesitan en este momento para superar el quebranto económico que la emergencia sanitaria ha provocado en las micro y pequeñas empresas, especialmente las familiares y las solidarias, la mayoría de los planes y programas anunciados por el gobierno del Estado de Michoacán no cuentan con reglas claras de operación”.

Así mismo, en el pronunciamiento refieren que a partir de experiencias pasadas como inundaciones, sequías, temblores y otras emergencias, “nos han mostrado las grandes y graves irregularidades que se presentaron ante la ausencia de información veraz y oportuna, derivado de un tendencioso manejo de la información, así como el que los recursos económicos y/o materiales no llegaron a la población más afectada por malos manejos, desvío de los mismos, utilización partidista con fines electorales, todos ellos, hechos de corrupción”.

Por ello, propusieron que haya una máxima transparencia en la información que generan todas las instituciones para atender la emergencia del COVID 19, información que debe ser veraz y oportuna, publicada en los canales oficiales; plantean también que se evite “recurrir al derecho de reserva de información por causa de seguridad nacional”, ya que “hoy mas que nunca la ciudadanía del Estado de Michoacán requiere estar debidamente informada sobre el desarrollo y avance de la propagación del virus, hospitales donde puedan ser atendidas las personas con síntomas, casos presentados por regiones, situaciones de mayor riesgo, etc., todo ello en aras de contar con información veraz, certera y objetiva que contribuya a lograr una mejor corresponsabilidad y confianza social”.

Proponen a su vez “transparentar toda la información relacionada a la adquisición de insumos médicos por parte del Estado. Haciendo público a través los canales oficiales y los medios de comunicación los requerimientos que requieran tener las empresas que tengan los productos médicos y sanitarios que vayan ser adquiridos, presentando las diversas cotizaciones que se hayan realizado y las razones del porque se escogió un producto determinado al cumplir con las normas de calidad y mejor precio”.

También plantean que se implementen  mecanismos de control internos más específicos y transparentes para el manejo de los recursos extraordinarios solicitados para la contingencia sanitaria, así como su aplicación y padrones de población beneficiada, a fin de evitar el riesgo de fraudes y actos de corrupción.

Piden que haya “máxima publicidad en la información relacionada a la entrega de apoyos especiales, destinados a los sectores más vulnerables ante la contingencia, así como los dirigidos a rescatar al micro y pequeño emprendedor. Transparentando y comprobando quienes son los que reciben los apoyos y sus montos, dejando evidencia de la adecuada aplicación de esos recursos especiales, así como la persona encargada de su implementación”.

Así mismo piden que se señale publicamente a personas físicas y empresas que oculten o acaparen, para encarecer productos o servicios básicos y necesarios para la ciudadanía debido a la contingencia, así como su sanción de acuerdo a las atribuciones que marque la ley, o en coordinación con los organismos responsables.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción agregan que “la integridad con que actué el gobierno del Estado de Michoacán puede ser un elemento fundamental para mantener la confianza y credibilidad de la ciudadanía en las instituciones del sector público, la cual debe estar basada en la veracidad, transparencia e información continua”.

Agregan que las propuestas “son una respuesta y un deber ético del Comité de Participación Ciudadana ante el sentir ciudadano y el temor de que la contingencia sea utilizada en un momento de crisis para actuar de manera perniciosa, omisa, irresponsable y corrupta y que empresas y/o funcionariado de la Administración Pública se vean beneficiados de manera inmoral ante la crisis sanitaria en que se encuentra el Estado”. 

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