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OPINIÓN / Alcance Económico del Plan Alimentario de Michoacán

Heliodoro Gil Corona*

El ascenso reciente de contagios y decesos por el COVID-19 en Michoacán, mayormente concentrados en los municipios de Lázaro Cárdenas, Morelia, La Piedad, Uruapan, Tzintzuntzan y Venustiano Carranza, puso en alerta al gobierno estatal y lo apresuró a tomar determinaciones de contención y mitigación para hacer frente a los estragos del coronavirus. En el primer caso el gobernador decretó el aislamiento obligatorio (acción de suma controversia) y en el segundo caso anunció el plan alimentario de Michoacán para la población en desventaja económica y social.

Conforme avanza la pandemia, la administración estatal ha optado profundizar las medidas tanto en materia de la salud como en el ámbito socioeconómico. En lo que corresponde a la parte económica las primeras acciones de mitigación fueron estímulos fiscales y apoyos crediticios para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de Michoacán.

Los incentivos fiscales abarcaron los subsidios del impuesto sobre la nómina por cinco meses para todos los giros y tamaños de empresas y el impuesto sobre los servicios de hospedaje por cuatro meses para negocios vinculados a la actividad turística estatal. Además, se condonan las multas y recargos relacionadas a los derechos del trámite vehicular y las sanciones citadas aplicables al resto de impuestos locales por un periodo de ocho meses.

Los estímulos fiscales representan un apoyo económico a cargo de la hacienda estatal de 366 mil millones de pesos y un fondo crediticio con intereses accesibles de mil millones de pesos. Es decir, el gobierno de Michoacán destinó en un primer momento recursos por mil 366 millones de pesos para mitigar los efectos del coronavirus.

El plan alimentario que acompaña a la medida de confinamiento obligatorio, delinea el espectro de beneficiarios a los que se garantizará comida durante la etapa de cuarentena, como enfermos por COVID-19, grupos vulnerables (mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores en desamparo, personas con enfermedades crónicas y discapacitados) y personas que perdieron sus ingresos por los trastornos del coronavirus.

El costo económico del plan alimentario es considerable. El quantum de beneficiarios se estima de un millón 146 mil michoacanos, los cuales a mi juicio deberán recibir mil 200 pesos mensuales cada uno para lograr adquirir la canasta alimentaria y cuyo costo económico total asciende a mil 375 millones de pesos, que será sufragado por la hacienda pública estatal.

En recuento, las primeras medidas de mitigación y las tomadas con el plan alimentario, el gobierno de Michoacán estará destinando 2 mil 741 millones de pesos en esta fase de recesión económica estatal. El apoyo para aminorar los efector perniciosos del coronavirus representa el 1.1% del PIBE.

Sigo insistiendo, que el respaldo financiero de las medidas económicas asumidas es el monto de deuda directa bancaria autorizada al gobierno estatal por 4 mil 090 millones de pesos, que restando los apoyos comprometidos solo quedan mil 349 millones de pesos para hacer frente a la difícil fase de recuperación económica.

Son varias las lecturas que se desprenden de las tareas de moderación que se han tomado en la entidad. De entrada, es de reconocer los esfuerzos del gobierno de Michoacán por aliviar en algo los impactos económicos adversos ocasionados por el coronavirus, a través de decisiones oportunas y al alcance financiero de la hacienda pública local, por cierto, vulnerada por los bajos ingresos propios, los crónicos pasivos operativos que reporta y una elevada deuda bancaria directa que socaba los márgenes de inversión de la administración estatal.

Es evidente que los recursos públicos para atender la crisis económica son escasos y los riesgos de deterioro social son altos, en donde el escenario que se espera es el colapso del empleo formal e informal y el repunte de la pobreza laboral en Michoacán a niveles de 42.0%.

El ángulo positivo de la inversión en el plan alimentario es evitar mayores estragos en el tejido social de la entidad, sobre todo porque atempera el probable ascenso de la pobreza y la pobreza extrema que puede llevarnos a registros inéditos en Michoacán.

Lo parte fuerte de la recesión económica está por venir en la entidad. El desplome de las principales variables sucederá, desde la caída profunda de las actividades económicas y el empleo formal, hasta el colapso de fuentes de ingreso externas como las remesas familiares, las exportaciones y la inversión extranjera directa. Retos que hay que sortear en 2020 y el próximo año 2021.

*/Profesor-Investigador de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” de la UMSNH. Coordinador de Proyectos Estratégicos del CEEM.

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