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SCJN determina que Congreso invadió facultades del Poder Judicial de Michoacán

América Juárez Navarro
Morelia, Mich., El Poder Judicial del Estado de Michoacán no ha sido aún notificado de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la reelección del magistrado Armando Pérez Gálvez realizada por el Congreso del Estado, y cuya resolución echó abajo el Poder Judicial Federal por considerarla inconstitucional.
La sentencia que deberá acatar el Poder Legislativo establece que este vulneró e invadió competencias del Poder Judicial del Estado de Michoacán, pues en la legislación local no existen facultades otorgadas al Poder Legislativo para suspender el período o mandato de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado cuando son nombrados como Consejeros del mismo Poder Judicial.
“La legislación establece facultades sólo para elegirlos por un período de cinco años y podrán ser reelectos hasta en dos ocasiones, por lo que al término del período cesarán en sus funciones. Es decir, en ningún caso los Magistrados del Tribunal podrán durar más de quince años en su encargo”; infiere la sentencia de la SCJN.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Primera Sala, en la resolución establece: “Se declara la invalidez del Decreto número 137 del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, sobre la reelección del Licenciado Armando Pérez Gálvez como Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, en la novena sección del Tomo CLXXII, el veintidós de mayo de dos mil diecinueve”.
Es importante señalar que el magistrado, en su momento pidió no le fueran computados los cuatro años que estuvo al frente del Consejo de la Judicatura, bajo el argumento que fue una función administrativa y no jurisdiccional, lo que le permitiría acceder a 20 años como magistrado, disfrutando de más años de los que marca la Constitución local que es máximo de 15.
Es así que en mayo del 2019 25 diputados locales, apoyaron el dictamen elaborado por la comisión de Justicia, que fue firmado por la mayoría, pero algunos dentro de la misma se opusieron, por considerarlo inconstitucional, pero en el Pleno obtuvo el voto que favorecía al magistrado Pérez Gálvez.

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