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Teatro Matamoros: negligencia y omisión de ex Auditor llevaron a prescripción

Héctor Tapia

En el caso de la remodelación del Teatro Matamoros, su verdad jurídica, así como las preguntas que se han planteado desde que se inició el proceso de auditoría, en el 2011, quedó sin respuestas, por presunta negligencia de parte de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), y su entonces titular José Luis López Salgado. .

Este fue manejado con total desaseo procedimental, no se respetaron los tiempos y en todo momento se violentó el debido proceso, y se incurrió en una serie de prácticas que derivaron en que se prejuzgara al respecto, sin que se desahogaran pruebas ni documentos.

Así lo consideró José Alfredo Tapia Navarrete, quien es abogado de Cuauhtémoc Cárdenas Batel, quien fungió –por un año- hasta el 2012 como presidente del Comité Técnico del Fideicomiso del Teatro Matamoros, y que en el terreno mediático, a partir de una serie de filtraciones que se han dado con el paso de los años, ha sido señalado como responsable de presuntos actos de corrupción.

La auditoría que fue ordenada se realizó hace poco más de 9 años, en el 2011, y “hace mucho que esto debió haber quedado resuelto”, donde debió plasmarse con el ejercicio de fiscalización la “verdad legal”, con todo lo que implica: las presuntas irregularidades y responsabilidades. Consideró el abogado.

En este contexto explicó que cuando se tomó el caso se revisaron los argumentos que la auditoría refería sobre presuntas irregularidades, esto por documentos que fueron mediatizados, y estos no tenían argumentos sólidos, no tenían juna construcción legal sólida del proceso de fiscalización. 

Tapia Navarrete remarcó que en la defensa se fueron siguiendo los tiempos marcados por la misma Auditoría, sin embargo, tampoco “hubo un señalamiento preciso hacia mi cliente (Cuauhtémoc Cárdenas Batel), para manejar una defensa más adecuada, para tratar de que no se violentara el debido proceso, o descartar omisión que pudiese haberse dado o cometido por mi cliente”.

Los pasos que fue desahogando la ASM, dijo el abogado, “fue muy ambiguo, no había claridad, ni tampoco transparencia en el procedimiento”, y la misma auditoría dejó de visibilizar que las determinaciones que se tomaron respecto al Teatro obedecían a un órgano colegiado, y no recaían en una sola persona, ni en el presidente del mismo fideicomiso.

Cabe recordar que dicho fideicomiso, si bien era presidido por Cuauhtémoc Cárdenas Batel, el Comité era integrado por el gobernador en turno, el presidente municipal de Morelia, la propia Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Obras del gobierno del estado, así como la misma Secretaría de Contraloría y la Secretaría de Finanzas.

Aún así, ante las presuntas observaciones que se conocieron, se presentaron los elementos que se consideraron pertinentes, explicó, “argumentos que a la fecha, a nueve años que se inició el proceso de auditoría, es fecha que no nos dicen dónde estuvieron las omisiones, o cuáles fueron las partes que nos correspondieron haber hecho o no”.

De esta forma el abogado remarcó que haber dejado pasar el tiempo sin claridad en el procedimiento de fiscalización “nos deja en un estado de indefensión, y las pruebas que presentamos no podrán salir a la  luz legalmente, para que se conozca la realidad del Teatro Matamoros”.  

Ante esto, dijo que la visión que prevalece actualmente es solo la que se ha mediatizado a partir de la filtración de información que consideró parcial, dado que no ha habido una respuesta formal de parte de la autoridad, que permitiera también de manera oficial iniciar los procedimientos correspondientes, ante la ausencia de respuestas.

“Durante todo el procedimiento fuimos defendiéndonos a nuestro saber, porque no podíamos dejar de contestar a un fincamiento de responsabilidad sui géneris; hubo una primera respuesta muy desfasada, en diciembre del 2018”, pero sólo eso, explicó.

Al cuestionársele qué habría orillado a esta postura de la ASM dijo desconocer qué fue lo que llevó a la auditoría y a su titular que dejaran pasar el tiempo, lo que trajo consigo como resultado que se preescribiera la investigación.

“Nosotros no buscábamos la prescripción”, enfatizó, y agregó que a su cliente no le convenía que se llegara a ese punto.  

Al ser de las pocas, por no decir la única, ocasión en que han respondido de manera abierta a los cuestionamientos al respecto, se le preguntó el por qué habían tomado la decisión de esperar hasta este momento para emitir alguna postura, a lo que refirió que como defensa se apostó a fundar y sustentar jurídicamente el proceso, siguiendo los pasos establecidos en la misma ley, ante las autoridades correspondientes.

“No se quiso llevar un litigio público – mediático, porque se estaba haciendo un juicio previo, llegar a intentar mediatizar o generar argumentos mediáticos iba a ser contraproducente”, por ello es que se consideró seguir construyendo la defensa legal “hasta las últimas consecuencias”.

Si hubieran respondido en tiempo y forma por parte de la Auditoría y su entonces titular, dijo, se pudo en su momento haber acudido al mismo Tribunal de Justicia Administrativa para proceder por lo que remarcó fueron una serie de violaciones constantes a los procedimientos legales, incluso al derecho de presunción de inocencia de su cliente.

“Nos violenta la posibilidad de que se dé (a conocer) la verdad, era lo más justo para mi cliente y para la sociedad que sigue esperando una verdad real” sobre lo que ha sucedido respecto al Teatro Matamoros.

José Alfredo Tapia dijo que desde que inició esa auditoría ha sido una ruta de “violación sistemática del procedimiento, y lo dejamos plasmado, a la ASM le fuimos diciendo puntualmente lo que estábamos viendo durante el procedimiento, y al no hacer un análisis objetivo de las pruebas y documentos que presentamos, ante un mal constructo de a auditoría, nos deja en estado de indefensión”, insistió en entrevista.

Enfatizó que la ruta legal fue y ha sido la estrategia con su cliente, porque si se hubiera mediatizado “nadie le iba a creer a mi cliente” porque se requería o se requiere la resolución de la autoridad correspondiente, luego de que se analizaran las pruebas.

“A quien le correspondía (deslindar responsabilidades) era a la propia autoridad bajo una resolución, que al momento no existe”, dijo, y refirió que recientemente se ha manejado que el tema “ya prescribió, pero nos hace falta también que legalmente nos lo digan”, como sea, pero “que nos den respuesta”, pidió.

Descartó que se vaya a proceder legalmente contra alguna autoridad por las omisiones que consideró hubo en el proceso de fiscalización, aunque se haya causado algún daño, dijo; “finalmente deberá ser la misma autoridad la que deberá analizar lo que sucedió o se dejó de hacer, cuáles fueron las omisiones, pero eso depende exclusivamente de la autoridad”.

“Lo que buscamos es que se conozca la perspectiva legal del cliente mas allá de cualquier carácter político”, concluyó.  

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