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Claves para entender lo ocurrido en Chile

Por Eduardo Pérez Arroyo

Esta nota es un seguimiento de la “La rabia que generó una de las jornadas más violentas en Santiago de Chile”, publicada por este medio el pasado lunes 21 de octubre. Durante los siete días que siguieron el país andino vivió la marcha más grande en su historia interna, una estrepitosa caída de la popularidad del Presidente y la sensación de que ahora, como nunca antes, los ciudadanos de a pie también tienen derecho a gozar de la tan cacareada riqueza que acarrea ser el país con mayor PIB de América Latina. 

Morelia, Michoacán.- ¿En qué momento la economía más sólida del continente pasó a convertirse en un escenario de guerra abierta con detenidos, torturados, muertos? ¿Cómo pasó Chile de ser un “oasis” en una América latina convulsionada a un paradigma de descontento popular? ¿Qué tuvo que ocurrir para que las cosas llegaran a este punto? ¿Es el famoso modelo chileno en realidad una falacia? ¿Qué viene para el futuro?

AL escribir estas líneas el presidente Sebastián Piñera, apuntado por casi todo el país como uno de los máximos responsables de que el descontento popular se desbocara, tiene un ínfimo 14% de aprobación (la más baja de un mandatario desde el regreso a la democracia en 1990 y quizá la más baja de la historia moderna del país) y un 78% de rechazo.

Para ahondar la crisis, a primera hora del domingo Piñera anunció que pidió la renuncia de todos sus ministros. El fin es rebarajar en naipe del gobierno y bajarle un par de puntos a la presión social.

La chispa, ya se sabe, inició el pasado viernes 18 de octubre, cuando algunos jóvenes estudiantes de preparatoria comenzaron a salarse las barreras del metro para oponerse al aumento del costo del boleto a casi 1,2 dólares.

Desde ahí, el descontento no hizo más que escalar.

La prensa mundial ha seguido de cerca en conflicto y ha sido expedita en mostrar entrevistas, versiones contrapuestas, cifras oficiales que expliquen el descontento. No es difícil perderse en ese cúmulo de información que abarca, por lo menos, gran parte de lo ocurrido en las tres últimas décadas.

Por lo mismo, es un ejercicio saludable reiterar cuáles fueron los factores que, a juicio de casi todos los analistas, dieron inicio a una asonada que a esta altura es irreversible.

Aunque las causas son muchas, hay algunas pistas. Las arroja una encuesta realizada en últimos días por el equipo de profesionistas de distintas universidades agrupados en la organización Encuesta Ciudadana, y publicada el viernes 25 de octubre.

Ante la pregunta “qué se debe resolver para terminar las movilizaciones en Chile, los temas más recurrentes fueron “AFP”, “Sueldo”, “Salud”, “Pensiones” y “Educación”.

Con base en esos cinco conceptos, intentaremos dilucidar se manera sintetizada las principales causas del descontento popular en Chile. Algunos análisis de complementan con videos que en algunos casos duran hasta media hora; sin embargo, las imágenes solo constituyen material complementario y no es imprescindible verlas para hacerse una idea de lo que ocurre en Chile.

LAS AFP

Una de las estructuras más rechazadas por los chilenos (excepto por sus dueños) es el sistema de pensiones.

Creado en 1982 por el entonces Ministro del Trabajo José Piñera (hermano mayor del actual presidente), en plena dictadura de Augusto Pinochet, en la práctica el sistema jubilatorio convierte en pobres a millones de chilenos que de la noche a la mañana deciden jubilar.

El modelo nació con profundas fallas de origen. Instaurado por la fuerza en un momento en que no existía oposición política formal (la dictadura de Pinochet fue una de las más sanguinarias del continente), consiste básicamente en que cada trabajador chileno está obligado a aportar el 10 % mensual de su sueldo a un fondo del que puede disponer cuando se jubila, y que es gestionado por las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

https://www.youtube.com/watch?v=S0ChbAXFFc0

Las AFP, empresas privadas, invierten el dinero de esos trabajadores en los mercados para rentabilizar los fondos. Y el negocio es extraordinario. Durante el primer semestre de este año las seis AFP existentes en Chile obtuvieron ingresos por 367 millones de dólares.

Pero ahí es cuando empieza el problema.

Las ganancias de la AFP se quedan en manos de sus dueños y no llegan a los trabajadores. En la actualidad, el 80% de los jubilados en Chile obtienen una cantidad mensual que en algunos casos incluso se acerca a los 220 dólares, muy por debajo del sueldo mínimo del país (424 dólares).

En la práctica, un chileno común y corriente puede trabajar toda su vida y recibir un buen salario, pero convertirse en pobre apenas se jubila.

Las quejas contra este modelo no son nuevas. En 2013, durante el primer mandato de Sebastián Piñera (el actual es su segundo periodo) dijo que cuando se diseñó el sistema de pensiones “se buscaba que las personas pudieran jubilar con una pensión que fuera el 70% del sueldo de los últimos cinco años y eso no está ocurriendo”.

Pero hasta ahora no se ha modificado el sistema. En el año 2016 casi 600 mil chilenos salieron a protestar exigiendo el fin de las AFP.

El rechazo que genera el contraste entre las millonarias ganancias que tienen los dueños de las AFP versus las míseras pensiones que reciben los jubilados se agravó en octubre de 2017, cuando se viralizó un video en el cual muchos altos ejecutivos de la AFP Capital fueron premiados con un paseo por Cancún. Mientras millones de chilenos apenas tienen lo justo para sobrevivir –y en algunos casos ni siquiera eso–, quienes tenían en sus manos el dinero despilfarraban en licor, yates y fiestas.

https://www.youtube.com/watch?v=Q6gAoqyx1mk

Pero hay otra muestra del absurdo.

Las fuerzas armadas chilenas, compuestas por el Ejército, la Marina, la Aviación y Carabineros, nunca fueron parte de ese sistema privado impuesto por la fuerza. En la actualidad las pensiones de los uniformados son gestionadas por el estado, y en la práctica reciben mensualidades hasta 10 veces más altas que los jubilados de las AFP. ¿De donde sale el dinero? De las ganancias que Chile obtiene por la venta del cobre.

Es decir: los mismos militares que impusieron un esquema privado al resto de los chilenos permanecen en la abundancia gracias al Estado.

Pocos chilenos entienden que uno de los proyectos estrella de la dictadura antisocialista y anti-estado de Pinochet los obligue a permanecer literalmente en la miseria, mientras los mismos que lo promovieron gozan de un cómodo presente gracias a un esquema propio de un estado socialista.

En el caso de las AFP, las protestas ocurridas en últimos días son una consecuencia lógica de un sistema que saquea a los chilenos.

UNIVERSIDADES: PRECIOS DE PRIMER MUNDO

La realidad es dramática: Chile es hoy el cuarto país con las universidades más caras del mundo (la OCDE lo sitúa en el primer lugar). En contraste, en PIB ubica al país apenas en el lugar 57.

La educación universitaria en Chile, en la práctica, endeuda a las familias por décadas. Hoy la carrea más cara (medicina en la Universidad del desarrollo) cuesta 208 mil 380 pesos mexicanos al año, o 20 mil 838 pesos mensuales (a diez meses). A ello se debe agregar en muchos casos los costos en transporte, alimentación, vivienda, etc.

En 2018 el rector de la estatal Universidad de Chile, la más prestigiosa del país (y en la cual también se debe pagar por estudiar), aseguró que “la educación estatal fue destruida en la dictadura de Augusto Pinochet y que revertir la desigualdad del sistema tomará mucho tiempo. Es un deber de la sociedad ayudar a estudiantes más pobres, pero es mucho más complejo de resolver que simplemente entregándoles vouchers para pagar un arancel», expresó.

Los vouchers que cita se refieren a un préstamo que el estado hace a los estudiantes más pobres para cursar y terminar su carrera, el cual esos estudiantes, una vez que se convierten en trabajadores, deben devolver al estado.

Es decir, estudiar en Chile en ningún caso es gratis.

Y mientras tanto asociaciones empresariales, católicas, corporativas o trasnacionales ales hacen un millonario negocio con la educación universitaria de los chilenos.

En 2017 la compañía Laureatte, que en México es dueña de las universidades Tecnológica de México (UNITEC) y del Valle de México (UVM) y en Chile de la Escuela Moderna de Música, el Instituto Profesional AIEP y las universidades Viña del Mar, de Las Américas Chile y Andrés Bello y cuya matriz está en Baltimore, Estados Unidos, reportó que solo en el último trimestre de ese año tuvo ganancias por 200 millones dedolares.

El rigor, las universidades chilenas se asemejan más a corporativos con fines de lucro que a instituciones que alientan el conocimiento, la investigación y la reflexión en favor del futuro del país.

“No solo la ley de la ganancia, hoy la marca distintiva de las universidades chilenas, afecta a las universidades” explica Osvaldo Fernández Díaz, Doctor en Historia de la Filosofía por la Universidad de Paris I, Panthéon-Sorbonne. “También están aquejadas por falta de democracia por la huella que la Dictadura Militar dejó en ellas. De los tres segmentos que comprende la vida universitaria, solo los profesores han podido estar presentes en la gestión universitaria, pues alumnos y administrativos están imposibilitados por ley”.

La primera señal de alerta fue en 2011. Ese año miles de estudiantes universitarios marcharon rechazando que el estado solo aportara el 25% de los gastos por estudiar, contra el 75% aportado por los propios estudiantes.

https://www.youtube.com/watch?v=v9BnuuVzmRk

Pero desde entonces no hubo grandes avances. Es más, muchos menospreciaron el reclamo.

Carlos Larraín, el entonces presidente del partido de derecha Renovación Nacional (en cuyas filas milita el presidente Sebastián Piñera) calificó a partidarios del movimiento como “inútiles subversivos”.

Y el propio Piñera calificó a la educación, durante esos mismos días, como “un bien de consumo” (que en economía se refieren a aquellos de los cuales el consumidor dispone inmediatamente tras adquirirlos, como también puede ser la ropa, los alimentos, los automóviles o las joyas).  

El Crédito con Aval del Estado (CAE) se creó en 2005, durante el gobierno del centroizquierdista Ricardo Lagos. El objetivo fue aumentar el acceso al sistema de Educación Superior chileno bajo el argumento de que ante las restricciones presupuestarias el Estado requería de la Banca.

En 2018, un informe de la Fundación Sol estableció que “se estableció un lucrativo nicho de negocio para la Banca asistido por el Estado y se implementó un dispositivo de control social y vital sobre el presente y futuro de muchos estudiantes y futuros trabajadores a través de la deuda”.

En pocas palabras: la educación universitaria fue un nuevo golpe a la ya golpeada realidad de millones de chilenos que viven gracias al crédito hasta en sus consumos más pequeños.

El descontento quedo flotando en el aire y explotó una mañana de octubre de 2019.

LA CRISIS DE LA SALUD

El sistema de salud chileno es mixto: está el seguro público Fonasa (Fondo Nacional de Salud), y el privado llamado Isapre (Instituciones de Salud Previsional).

En el caso del sistema público, según el diario El Mostrador, “listas de espera interminables, personas que fallecen esperando ser operadas, escasez de medicamentos y alto costo de éstos, falta de horas en la atención primaria, bajo alcance de los exámenes preventivos, congestiones en las urgencias y, sobre todo, las grandes deudas hospitalarias (…) han llevado a las y los trabajadores de la salud a poner dinero de su bolsillo para comprar insumos básicos que garanticen una atención de calidad a los usuarios”.

Es solo una parte de los problemas que enfrenta cualquier chileno que no tiene el dinero para costear costosas enfermedades.

El resultado: un nuevo ingrediente a la crisis.

El origen del problema está –otra vez­– en los años de la dictadura de Pinochet.

El modelo de autogestión de los establecimientos, consistente básicamente en que el Estado dejaría de ser el principal sostenedor de la salud de los chilenos, resultó en un empobrecimiento cada vez mayor de la salud pública.

“En Chile solo el 20% de la gente puede pagar por una atención de mejor calidad, pero el 80% de la población tiene que atenderse a través del sistema público”, explica la cientista política y presidenta de la fundación Chile 21 Gloria de la Fuente. “Eso genera una diferencia enorme porque aunque tengamos patologías garantizadas en FONASA, aún muchas no están cubiertas y hay lentitud en la atención. La gente está muy desprotegida”.

https://www.youtube.com/watch?v=Yp9GnT5q5q8

Y no es por falta de dinero. Solo en el tercer trimestre de 2018 (julio, agosto y septiembre) las ISAPRES reportaron ganancias por más de 41 millones de dólares. Dado el actual sistema de atención en Chile, buena parte de ese dinero provino del Estado.

Pero la realidad concreta siempre puede ser más sorprendente.

En 1997 (con el mismo sistema actual de salud) un menor de edad murió de apendicitis en el hospital Félix Bulnes por una serie de demoras. Más tarde se supo que el pequeño pudo haber sido atendido a tiempo en el Hospital del Profesor, pero no recibió ayuda porque su padre no tenía un cheque en blanco en garantía que le exigió el establecimiento.

Recién en 2009 (12 años después de la muerte del menor) en Chile se promulgó la ley N°20.394 que prohíbe condicionar las atenciones médicas a un cheque o dinero en garantía. 

Pero en la realidad eso no se cumple.

Apenas en mayo de 2017 la Corte de Apelaciones de Iquique ordenó a la clínica Iquique devolver un cheque en garantía por casi 39 mil pesos mexicanos a la clínica privada Iquique por garantizar atención a un ciudadano llamado Carlos Contreras Gómez.

Hubo otro caso paradigmático: en julio de este año un adulto mayor llamado Juan Segundo Vargas llegó al Servicio de Urgencias del Hospital de Puerto Montt a las 09:38 de la mañana presentando dolor abdominal y vómitos. Fue atendido recién a las 20:42 horas, y murió pocos minutos más tarde.

La realidad es que en el Chile actual una persona que no tenga recursos para pagar atención privada, y tenga una enfermedad no contenida en la lista de enfermedades con atención gratuita, puede morir en cualquier momento.

Más simple: en Chile, hoy ser pobre es mortal.

EL ESTADO AUSENTE

En Chile es un lugar común decir que los chilenos viven con precios de Estados Unidos pero con sueldos de Latinoamérica.

Y la alusión a Estados Unidos no es gratuita.

Desde el retorno a la democracia en 1990, el modelo chileno se funda en el más extremo liberalismo económico (que no va acompañado del liberalismo político ni social) y ha firmado cuanto tratado de libre comercio le han ofrecido. En muchas ocasiones distintas administraciones de Estados Unidos se han referido a Chile como “una buena casa en un mal barrio”. (El barrio es Latinoamérica).

Ese “exitoso” modelo ­–tan alabado por instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como criticado por la Unesco, la Unicef y la propia ONU– se funda casi invariablemente en una sola receta: privatizar todo lo que sea posible.

Pero para privatizar hay que hacer atractivo el negocio para los privados. Y Chile se esfuerza por ser atractivo.

Según el periodista y Magister en Economía Nelson Soza Montiel, en la actualidad la carga tributaria chilena es un 42% menor que el promedio de los países de la OCDE respecto del Producto Interno Bruto. Y el impuesto a la renta es un 38% menor que el promedio OCDE. Pero en cambio el gasto social equivale apenas a la mitad. El gasto en pensiones es un 43% menor. El gasto en educación es un 38% inferior. Y el gasto en salud, un 41% más bajo.

Mientras tanto, el coeficiente de Gini (que mide el nivel de desigualdad) señala a nuestro país como el peor en redistribución de la riqueza, solo por detrás de México.

https://www.youtube.com/watch?v=JZCbEzES3aA

Esa desigualdad permea no solo los aspectos económicos.

Conocido es el caso de los ex controladores del grupo Penta (que financia al partido de extrema derecha Unión Demócrata Independiente), Carlos Alberto Délano, y Carlos Eugenio Lavín. En el 2015 se comprobó que durante años defraudaron al estado por cerca de 2 millones de dólares mediante la utilización de facturas y boletas de honorarios emitidas materialmente de acuerdo a la ley, pero cuya justificación es falsa.

En 2018 fueron declarados culpables y se les impuso una pena. Lo que para el sentido común de los chilenos dictaba la prisión, fue saldado de una manera novedosa: resarcir solo una parte del dinero mal habido al estado chileno, y asistir a clases de ética. Nunca pisaron una cárcel.

Esa desconexión entre la casta política y empresarial y el resto de los chilenos se sustenta en datos duros.

Hoy el 53% de los directorios de las grandes empresas proviene de 9 colegios chilenos, y el 67% de los ministros de estado proviene de 6 colegios. Asimismo, un estudio del Boston Consulting Group (BCG), consultora que analiza la riqueza a nivel global, estableció que en Chile apenas 140 millonarios son dueños de casi el 20% de la riqueza total del país.

Chile es hoy un paraíso para quien forma parte de la cima de esa pirámide endogámica, si importar sus verdaderos méritos técnicos o intelectuales

En la práctica, hoy el estado chileno no asegura la educación de los chilenos, no los atiende ante problemas de salud, no les permite disfrutar de una vejez tranquila tras la jubilación ni les asegura una justicia igualitaria.

LOS POLÍTICOS: UNA REALIDAD PARALELA

“La extendida protesta social que sorprendió por su masividad y radicalidad tuvo un condimento extra con los dichos de Cecilia Morel, la esposa del presidente Sebastián Piñera” dijo a CNN el periodista Pedro Brieger. “En apenas 51 segundos de una conversación privada, que se difundió por los medios, se reveló la esencia más profunda del pensamiento de los hombres y mujeres con grandes fortunas que gobiernan un país como si fuera su empresa privada”.

¿Qué sucedió?

https://www.youtube.com/watch?v=PxCIDCtB38U

“Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas.

“Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racio… ¿Cómo se dice? racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”.

Ese fue el audio que la Primera Dama del país, Cecilia Morel, envió por chat privado a una amiga y que alguien tuvo la idea de mostrar al país.

Para todos los analistas la señal es una: la clase política en Chile –desde luego la propia familia presidencial ­– constituye una casta privilegiada que en realidad no tiene idea de cómo viven los chilenos comunes y corrientes.

Entre la población irritaron al menos tres cosas: las falacias que contiene el mensaje (no se rompió la cadena de abastecimiento de alimentos, ni de agua ni de las farmacias, ni nadie intentó quemar un hospital o tomarse el aeropuerto); la alusión a los alienígenas que exhiben la poca empatía con quienes se manifiestan (simples chilenos comunes y corrientes a los cuales les cuesta llegar a fin de mes, no extraterrestres), y la sentencia de que “tenemos que disminuir nuestros privilegios”, que implica que la clase política y empresarial, partiendo por la propia familia presidencial, se sabe parte de una elite privilegiada y no hace nada por cambiarlo.

También dio una muestra de la incapacidad humana de quienes en este momento gobiernan a Chile.

“Al ver las movilizaciones masivas, Cecilia Morel dijo que había una invasión extranjera, alienígena. Ella lo sintió así y fue genuina. Pero cabe preguntar si los “alienígenas” no son justamente aquellos que están en el Palacio y que parecen vivir en otro mundo…” cerró el periodista de CNN.

Desde ya, en twitter miles de chilenos proponen disfrazarse de alienígenas para darle un buen susto al gobierno, partiendo por la atribulada Primera Dama.

El caso de Morel fue el más mediático, pero no el único.

El lunes 21 de octubre, a tres días de iniciadas las protestas, confirmada la intervención del Ejército (que entre millones de chilenos acarrea negros recuerdos de la época de la dictadura de Pinochet) y cuando todo Chile esperaba con expectación las primeras palabras de Sebastián Piñera sobre el tema, el presidente se despachó una frase que pareció ser el inicio de la conducta errática que mostraría en los siguientes días:

“Estamos en guerra”.

El rechazo no se hizo esperar. El hashtag #NoEstoyEnGuerra fue uno de los más utilizados ese mismo día, mientras el país casi unánimemente coincidía en que en un momento clave para mostrar serenidad y entereza el presidente Sebastián Piñera mostraba justamente lo contrario.

El absurdo presidencial definitivo lo sentencio el propio general Javier Iturriaga, mandatado personalmente por el presidente pata controlar los desórdenes que acarrearon las protestas:  

“La verdad es que yo no estoy en guerra con nadie”.

Para los chilenos la realidad fue clara: el primer mandatario actuando como un fanático temeroso, mientras su subordinado militar ponía la racionalidad.

Los errores de la casta gubernamental iniciaron antes. El día 7 de octubre, consumada el alta de los boletos del metro que fue la causa original de las protestas, el ministro de Economía Juan Andrés Fontaine llamó a los santiaguinos a levantarse más temprano para aprovechar el boleto rebajado en horario matutino, sin tener en cuenta que millones de trabajadores se levantan en ocasiones desde las 5 de la mañana para llegar a tiempo a sus labores.

Fue otro desacierto de proporciones, y otra muestra de la desconexión de los mandatarios con su realidad inmediata.

Pero los integrantes del gobierno de Piñera no son los únicos que muestran desconexión. Los parlamentarios chilenos se ubican entre los mejor pagados entre sus pares en todo el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=vZs6XlK8Br0

Si bien desde hace 8 años algunos legisladores han propuesto bajarse el salario, hay otros, generalmente pertenecientes a la derecha, que lo descartan de plano.

La lideresa del ultraderechista partido Unión Democrática independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró que no estaba de acuerdo con rebajar su salario porque “va a costar mucho encontrar gente buena que quiera dedicarse a la política”.

“Yo he estudiado más de 12 años en la universidad entre pregrado y postítulos, por lo tanto, los costos alternativos que tenemos nosotros son altos, y hay que recordar que nosotros a diferencia del resto de los chilenos pagamos el 40% de los impuestos (el resto de los chilenos paga 35%)”.

En la actualidad un parlamentario chileno recibe un salario de casi 13 mil dólares en el caso de los senadores, y de 9 mil para los diputados, aunque un acuerdo interno de los diputados chilenos les permite no publicar oficialmente sus salarios.

El salario de un diputado chileno equivale a casi 19 veces el salario mínimo del país.

TORTURA, VIOLACIONES, MUERTES: LA POLICÍA Y EL EJÉRCITO

Para millones de chilenos el país pareció de pronto retroceder 40 años. Específicamente, hasta la dictadura de Pinochet durante la cual los abusos sistemáticos a los derechos humanos fueron amparados e incluso promovidos desde el estado.

Cuando el presidente Sebastián Piñera ordenó la intervención del Ejército, muchos chilenos estuvieron seguros de que la situación no acabaría bien.

Pese al llamado a la cordura del general Iturriaga (el que dijo que no estamos en guerra), los golpes, detenciones ilegales, abusos, amenazas, balazos y muertes fue inevitable.

Sobre este punto, las imágenes hablan por sí solas.

LO QUE VIENE

Para la totalidad de los analistas, lo ocurrido trasciende colores políticos o adhesiones partidistas y obliga a repensar el modelo mismo en que Chile se ha movido durante las últimas décadas. el modelo, argumentan, nació con una falla de origen al promover el éxito económico como el paradigma del triunfo social en Chile, mientas al mismo tiempo impedía a grandes masas de chilenos (por razones sociales, étnicas, políticas o humanas) el acceso a ese supuesto bienestar.

Pero también es cierto que en Chile hoy se tiene la posibilidad de vivir mejor que hace algunas décadas.

La pobreza disminuyó de un 40 a casi 10% en 30años, el número de estudiantes universitarios aumentó exponencialmente (pese a la deuda que genera) y hoy los chilenos lucen más empoderados, disponen de más bienes y tienen acceso a más consumo.

¿Por qué surge, entonces, ahora el descontento?

En síntesis, una vez que la clase política acordó transversalmente el modelo de desarrollo los últimos gobiernos de Piñera y de Bachelet generaron expectativas que han agravado el descontento.

En el mundo de las ciencias sociales es un argumento conocido el hecho de que mientras más empoderados económica, política, social y culturalmente esté la población, más comienza a exigir nuevos derechos.

“Las sociedades producto de la modernización tendrían un importante predominio de clases medias, dado que las diferencias entre estratos serían tenues y continuas, y existiría movilidad social con base en un elemento principal, la educación” dice Jésica Lorena Pla,

1investogadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.

El expresidente de Chile, Ricardo Lagos (el responsable del actual sistema de pago de la educación universitaria) tiene una visión más o menos similar:

“En Chile se ha disminuido la pobreza, pero más de un millón y medio de chilenos sigue en ella. No es poco. Además, el 30% que dejó atrás la pobreza, primero, no quiere regresar a ella y, segundo, quiere seguir progresando, porque sin duda fue un paso importante ponerse de pie y empezar a mirar hacia otros horizontes para seguir ascendiendo. Esta crisis irrumpe cuando se siente que ese ascenso se hace cada vez más cuesta arriba y más contaminado de desigualdad”.

Finalmente el profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria, lo resumen en una sola línea:

“Hoy en Chile las instituciones privilegian la posición de quienes son herederos del proyecto político de Pinochet”.

Para René Solís de Ovando Segovia, miembro del Centro Iberoamericano de Estudios Sociales, “el Estado es responsable subsidiario del bienestar de los ciudadanos. Es decir, si algunas personas sufren desamparo, se encuentran desprotegidas o están siendo excluidas de la sociedad, el Estado ha de poner los medios para facilitarles acceso a recursos que les permitan ser autónomos y salir de la posición de desventaja social en la que se encuentran.

“Los representantes de los poderes del Estado han de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una salud y educación dignas y de calidad, a que en las relaciones laborales no se produzcan abusos y a un sistema de pensiones justo y normalizado. Y esta responsabilidad del Estado no es delegable, en ningún caso”.

Ese rol del estado es, en estos momentos, el gran tema que se deberá discutir si se quiere resolver de fondo el conflicto en Chile.

Respecto del futuro, las versiones intentan apelar a la cordura. Es difícil saber lo que vendrá puesto que hasta el momento las manifestaciones, y todas sus consecuencias, han respondido más al entusiasmo espontaneo (por mucho que sus causas lleven varias décadas incubándose) que a la racionalidad. Hoy no existe un plan de acción consistente, y los responsables de canalizar las inquietudes ciudadanas –rol que tradicionalmente corresponde a los políticos– están en el más absoluto descrédito.

El exsubsecretario de Fuerzas Armadas y ex embajador en Cuba, Gabriel Gaspar, sugiere un plan de acción, hasta ahora uno de los pocos esbozos sobre lo que viene, basado en cuatro puntos:

  • atender ya las carencias más urgentes en Educación, Salud, Sistema de Pensiones y Salarios;
  • conformar equipos transversales de expertos y profesionales que aborden las reformas a los sistemas de salud y previsión a lo menos, identificando su fórmula de financiamiento;
  • resolver la legitimidad de las propuestas sometiendo las alternativas a un referéndum nacional;  
  • tras todo lo anterior convocar a elecciones generales, de Ejecutivo y de Congreso.

Mientras tanto, los chilenos permanecen a la espera. Para muchos se está a las puertas de cambios que podrían ser históricos.

Aunque la historia reciente no invite al optimismo.

Si bien se habla de que la del viernes pasado fue la más masiva manifestación en la historia de Chile, es un hecho que en años anteriores también hubo marchas y protestas masivas (como la de Educación en 2011 y las de Jubilaciones en 2016).

Pero eso no implicó grandes avances. Tras algunas pocas leyes menores, los sistemas que eran objeto del rechazo popular permanecieron más o menos igual.

Hoy muchos chilenos temen que ocurra lo mismo: que unos pocos cambios que involucren a la agenda social permitan que las cosas sigan más o menos igual que antes.

Y ante ello ya han llamado a no bajar los brazos. Por lo pronto, este lunes ya llegó a Chile un grupo enviado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, con lo cual muchos sectores esperan una disminución de los abusos del aparato represivo estatal. La clase política aún anda en busca de respuestas, y los chilenos de a pie observan como casi ningún sector logra canalizar adecuadamente las demandas populares.

Para los chilenos, los próximos días tendrán la misma incertidumbre con la que han vivido los últimos 40 años.

Solo una cosa es concreta: la rabia no tiene vuelta atrás.

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