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Michoacán, contra la Constitución en materia penal

América Juárez Navarro
Morelia. Mich., Diversos ordenamientos en materia penal a nivel estatal y federal se contraponen a la Constitución de Michoacán, misma que establece en su artículo 94, que las penas privativas de libertad no podrán en ningún caso exceder de cincuenta años, sin embargo en la práctica existen penas que pueden llegar hasta los 90 años.
De acuerdo con la diputada Zenaida Salvador Brigido de Morena en la legislación penal estatal, se advierten diversos delitos que establecen una prisión superior a la señalada en la Constitución local, tales como lo son: el homicidio cometido en persona menor de edad, homicidio calificado, feminicidio y Desaparición forzada de personas.
Mientras que ordenamientos federales, tales como la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, establece para secuestro de cuarenta a ochenta años de prisión.
Ante este escenario propuso la modificación del artículo 91 de la Constitución Política del Estado, a fin de que exista una armonización entre las penas privativas de la libertad establecida para los delitos de feminicidios, homicidio cometido a persona menor de edad, homicidio calificado, desaparición forzada de personas y el delito de secuestro.
Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos el aumento de las penas no garantizan la no impunidad, e incluso insta a los estados a reducir las penas en los delitos.
La CNDH establece que en el país hay 247 mil 488 presos en 389 centros penitenciarios, de los cuáles un 94.73 son hombres y el resto mujeres, pero de estos solo 144 mil 748 han sido sentenciados, más de 102 mil ,740 están en la espera de una resolución.
Expone que esta situación problematiza aún más el tema de las penas excesivas, el de la sobrepoblación penitenciaria que se sufre en al menos el 47.30%104 de los centros de reclusión en todo el país, teniendo un excedente de personas por arriba de la capacidad instalada del 21.87%, por lo que considera necesario modificar el marco normativo de los delitos donde se sancione con pena privativa de libertad por encima de la esperanza de vida de las personas.

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