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OPINIÓN // ¿El pueblo no se equivoca? El ciudadano y su derecho a disentir

Por Jorge Luis Hernández Altamirano*

Populismo es un concepto utilizado en ciencia política para referirse a regímenes que, independientemente de su ideología, construyen un discurso cohesionador antagónico en el que enfrentan a un pueblo bueno y lastimado versus una élite que encarna todos los males y que, por lo tanto, es responsable del estado de las cosas.

Para serlo, un régimen populista precisa de, al menos, tres condiciones: 1) la existencia de un líder, o un grupo de líderes agrupados en una organización, con amplia capacidad para interpretar el sentir popular y ofrecer rutas a sus demandas; 2) la construcción de una narrativa épica, en la que el líder, respaldado por su pueblo, se asume como depositario de una aura de infalibilidad, en razón del apoyo popular; 3) la exclusividad del líder y su movimiento para definir las causas y las prioridades de la agenda pública.

Aunque el populismo no necesariamente es peligroso para los ciudadanos, lo cierto es que los caudillismos y las experiencias de poderes sin equilibrios en la historia reciente deberían, al menos, fomentar nuestro escepticismo y ponernos vigilantes.

Y es que, aunque erróneamente se intentó ubicar a Andrés Manuel como populista en la medida en que sostenía medidas populares, lo cierto es que sí hay ingredientes en su discurso que pueden identificarse como populistas, como su constante referencia a la idea de pueblo o su fe exagerada en los métodos de democracia plebiscitaria, como las consultas populares o la revocación de mandato.

Estos ingredientes se encuentran potenciados en este momento por cinco condiciones: 1) la contundente victoria de MORENA que le permite contar con mayorías en ambas cámaras y en más de la mitad de los congresos locales; 2) la fatídica derrota de la oposición, que no ha atinado a construir un discurso alternativo y que los mantiene en la lucha interna por el control de sus estructuras internas; 3) la cultura política que sigue permeando en actores sociales, acostumbrados a una socialización política que asume el papel de súbdito ante el Señor Presidente que todo lo ve y todo lo puede y con quien es mejor ser amigo que enemigo; 4) un contexto en el que las instituciones electorales son atacadas con facilidad, su independencia puede ser minada en un tris; un periodismo independiente que es una excepción entre la regla de medios oficialistas que viven de la publicidad oficial; 5) los resultados de la más reciente administración son indefendibles y ofensivos en materias sensibles como seguridad y corrupción.

Daría la impresión de que existe un consenso muy claro respecto de los cambios que exige el país, esa percepción motiva a los defensores del nuevo gobierno a descalificar ipso facto cualquier crítica o duda razonable sobre los proyectos o ideas de la próxima administración: “ya supéralo”, “dilo sin llorar”, “les ganamos”, “el pueblo ya decidió” son sólo algunas de las frases con las que suelen acompañar sus respuestas en redes sociales.

Sin partidos políticos capaces de articular alternativas, los ciudadanos debemos partir precisamente de esa condición para la defensa de nuestro derecho a disentir. Y es que, en un país con tanta diversidad y tantas desigualdades, lo único que nos acerca a un punto de equilibrio es el estatus de ciudadanos, y con el de depositarios de una parte de la responsabilidad del buen puerto de las actividades estatales.

Paradójicamente, el rechazo a una élite corrompida que hizo del tráfico de influencias un estilo de vida no ha pasado por la asunción de la responsabilidad cívica, sino por un retorno al pasado en el que un líder inmaculado es capaz de reconducirnos a una tierra prometida en la que nadie sufría.

Ahora, viene la prueba de fuego para la democracia que el país se esmeró en construir durante los últimos treinta años. En los cimientos de las instituciones democráticas frecuentemente despreciadas se hallan las herramientas para resistir un embate populista. Como nunca antes los actores surgidos en la transición (ONGs, medios independientes, APNs, OCAs, por poner algunos ejemplos) deberán dar la batalla en favor de los ideales que los motivaron.

Los ciudadanos, por nuestra parte, debemos defender, hasta el final, nuestro derecho a decir, entendiendo que la crítica no avala la continuación del status quo, sino que es un proceso de construcción colectiva, imprescindible para contar con buenas políticas públicas. Contaremos también con las herencias de la transición: mecanismos de transparencia y acceso a la información, tribunales autónomos, protección de los derechos humanos. Perfeccionaremos y potenciaremos instrumentos inacabados pero útiles, como las iniciativas ciudadanas, los presupuestos participativos y las candidaturas independientes.

Nuestra democracia está invitada a una prueba de dimensiones desconocidas, urgen ciudadanos, medios independientes y profesionales comprometidos. El futuro no lo construye uno, sino la pluralidad de ciudadanos.

Atento a sus comentarios en @HernandezJorge y jorge.hernandez@colmex.mx

*Jorge Luis Hernández Altamirano es politólogo por la UNAM y El Colegio de México

 

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