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México no aceptará amenazas para negociar TLC, dice gobierno de Peña

En la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, México no aceptará amenazas, intimidaciones o que se tome de rehén a alguna industria, afirmó Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE).

Aunque la dependencia ha sido cuestionada por su pasividad ante el problema, Baker defendió que desde que Donald Trump ganó las elecciones se están elaborando escenarios.

Esto, agregó, con el fin de definir cómo se va a actuar una vez que el republicano tome posesión oficial y si decide renegociar el TLC.

“México no puede aceptar políticas ni puede aceptar que entremos en una discusión cuyo resultado sea erosionar o disminuir la integración que hemos logrado en las últimas dos décadas”, dijo en entrevista.

En los últimos días, Trump ha ejercido presión sobre algunas compañías del sector automotor que están instaladas en el País.

Al ser cuestionado sobre cómo evitar que el Gobierno de Trump utilice a esta, o alguna otra industria, como medio para manipular la negociación, Baker señaló que hay que recurrir a cifras y datos.

“México rechaza que a través de amenazas o intimidaciones se trate de influir en las decisiones de empresas cuando en el País lo que se hace es trabajar para ofrecerles certidumbre”, precisó.

El Gobierno reconoce que luego de 22 años en vigor, el Tratado tiene espacio para mejorarse.

Sin embargo, agregó Baker, el principio de México al negociar será que las discusiones tienen que ser para mejorar y avanzar hacia un estadio de desarrollo de competitividad regional.

Para convencer a Trump, que parece proclive al proteccionismo, la estrategia será convencerlo de los beneficios que tiene la sociedad norteamericana.

“Si en Estados Unidos quiere hablar de reducir sus déficits o permanecer competitiva, lo que mejor que pueden hacer es aliarse con México”, destacó.

Sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés), el funcionario descartó que ya no sirva, si bien Trump ha dicho que no lo pasará y las reglas del mismo tratado exigen que para que el acuerdo entre en vigor, ese país tiene que aprobarlo.

Cuando se firmó el acuerdo, en febrero de 2016, se dio un plazo de dos años para que en cada país se completara el proceso de implementación interna. Esta ventana cierra hasta 2018 y hasta que eso pase, aun existe alguna oportunidad.

“Si bien en estos momentos parecería que no hay tal vez el futuro más brillante o prometedor, no descarto que en el futuro pueda cambiar”, enfatizó.

Ulises Díaz | Reforma

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